El Comité de Competencia de la OCDE abordó en sus reuniones de junio diversas cuestiones que surgen de la relación entre la aplicación del derecho de la competencia a conductas anticompetitivas y las estrategias regulatorias ex-ante pro competencia.
Si bien una motivación principal para esta discusión hoy son los problemas de competencia identificados en ecosistemas asociados a plataformas digitales, la regulación pro competencia en industrias de redes e infraestructura con segmentos liberalizados tiene una larga tradición en Chile y en otros países de la región (telecomunicaciones y puertos, entre otros, son buenos ejemplos).
En Chile quizás sea en medios de pago donde más intensamente experimentamos hoy los desafíos dela regulación pro competencia: procedimientos simultáneos en actual tramitación ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), de naturaleza “cuasi regulatoria” y “regulatoria”, más la normativa emanada de reguladores sectoriales serán determinantes en la intensidad de la competencia, grados de innovación, cobertura/inclusión, calidad y alternativas para usuarios que vayamos a encontrar en el nuevo ecosistema de medios de pago.
La Comisión Nacional de Productividad recientemente ha contribuido con antecedentes adicionales a esta discusión con su estudio preliminar sobre innovación y adopción tecnológica en el mercado financiero que, entre otros, promueve las ventajas de la digitalización de los medios de pago.
Hay varias conjugaciones posibles tanto de diseño institucional como de instrumentos regulatorios para lograr un ecosistema, a la vez, financieramente sostenible y seguro pero abierto a la competencia, la innovación y con amplias alternativas para tarjetahabientes/titulares de medios de pago y comercios, y que esté dotado de reglas que se hagan cumplir efectivamente.
Sin embargo, la regulación pro competencia no está libre de críticas desde el punto de vista de la separación de poderes, la falta de especialización sectorial y los riesgos de instrumentalización de la política de competencia. Con todo, dichos reparos no han hecho menguar en el mundo las estrategias regulatorias y cuasi regulatorias si son costo-efectivas.
La circunstancia de que este sector se encuentre hoy tan cargado de rasgos regulatorios probablemente obedece a las limitaciones institucionales para haber perseguido, con mejores instrumentos, conductas anticompetitivas. Casos conductuales por la imposición de barreras de acceso a rivales y por la fijación de tasas de intercambio multilaterales excesivamente altas han antecedido a la regulación de medios de pago en varias jurisdicciones extranjeras. En Chile, la última vez que la autoridad de competencia persiguió una conducta en medios de pago como ilícito fue hace más de 15 años. Luego de eso han prevalecido estrategias autorregulatorias, cuasi regulatorias y derechamente regulatorias, que se han mostrado tortuosas y lentas. Un buen ejercicio pendiente sería estimar el impacto en la economía del país por el rezago en la implementación de los cambios que hoy vemos más cercanos.
Finalmente, el nuevo marco normativo que surja de este verdadero enjambre regulatorio en medios de pago no puede desatender del todo el dinamismo que pueden llegar a ejercer los mercados de criptoactivos, la penetración de gigantes tecnológicos con “stablecoins” y otros medios de pago, y la actual experimentación con “govcoins” o ‘divisas digitales’”que importantes bancos centrales extranjeros están llevando adelante.
La adopción de un esquema regulatorio óptimo para ese nuevo ecosistema nutrido de innovación tecnológica debiera repercutir en el bienestar de buena parte de la población.
Garantizar que así sea exige que el nuevo marco sea evaluado dentro de un plazo razonable posterior a su implementación, desde el punto de vista de la coherencia del mismo con los cambios en los mercados y en las tecnologías que hayan ocurrido para entonces.
