Los fantasmas siguen recorriendo Estados Unidos. Un grupo de congresistas han presentado la “Open App Markets Act”. Este proyecto de ley busca mejorar las condiciones competitivas en los App Stores, en las relaciones entre la plataforma y desarrolladores de aplicaciones.
La ley será aplicable a plataformas con más de 50 millones de usuarios. Estas plataformas estarán sujetas a obligaciones especiales. En primer lugar, no podrán obligar a los desarrolladores a ocupar el medio de pago propio de la plataforma como condición para acceder al App Store. En segundo lugar, no podrán imponer Cláusulas de Nación Más Favorecida (exigir las mismas condiciones comerciales que la app ofrece en otro App Store competidor). En tercer lugar, no podrán restringir las comunicaciones entre desarrolladores y usuarios. Al mismo tiempo, deberán asegurar estándares de interoperabilidad: los usuarios podrán instalar, preinstalar o desinstalar aplicaciones por fuera del App Store libremente, incluyendo también otras tiendas de aplicaciones de terceros. Finalmente, no podrán privilegiar sus propias apps en resultados de búsqueda.
En los App Stores, la plataforma conecta a apps y usuarios. Cada App Store constituiría un mercado por sí solo, ya que tanto plataforma como aplicación funcionan únicamente para un sistema operativo específico (iOS y Android). De esta manera, Apple y Google tendrían el monopolio en su App Store respectivo, al controlar todas sus formas de funcionamiento. En este contexto, Apple obligaría a usar su propio medio de pago, cobrando una altísima comisión de 30%. También prohibiría la posibilidad de informar a usuarios de opciones de pago más baratas, por ejemplo, en la página propia del desarrollador. Por su parte, impediría la instalación de otros App Stores. Google obligaría a preinstalar tanto el Play Store como todo su ecosistema de apps (Search, Chrome, etc.). De esta manera, los desarrolladores de apps sólo podrían distribuir sus aplicaciones en los App Stores propios de las plataformas y bajo sus condiciones. Esto aumentaría el precio final de las apps y disminuiría la oferta de estas de cara a los usuarios. Por estas conductas, Apple ha sido demandada por Epic y Google por un grupo de fiscales generales.
Ante esto, Apple y Google ya han criticado el proyecto. Estas restricciones, especialmente la prohibición de instalar App Stores y apps de terceros por fuera, garantizarían la seguridad y la privacidad de los usuarios. En concreto, estos no estarían interesados y les sería innecesario tener que instalar apps por fuera u ocupar varios App Stores. Para lo anterior, el proyecto de ley determina que las plataformas deberán probar con evidencia que estas restricciones son necesarias.
Como puede apreciarse, este proyecto busca que los App Stores constituyan ecosistemas abiertos. Estos, a pesar de que son creados y mantenidos por un único actor, también constituyen mercados. En este sentido, no porque Apple y Google sean los dueños de las plataformas, les estaría permitido dirigirlas discrecionalmente. En otras palabras, también tendrían un deber de asegurar condiciones competitivas en los mismos mercados que crean y mantienen.
